_x000D_ El Gobierno ha aprobado un borrador del anteproyecto de Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, con la intención de cambiar su regulación de forma que se esclarezca más su naturaleza privada y se fijen con claridad los términos de su colaboración con la Seguridad Social. Se trata de separar su principal actividad, gestionar los fondos públicos para el pago de prestaciones de otras como los seguros, más encuadradas en el sector privado. El pago de las prestaciones por incapacidad temporal supone unos 8.500 millones de € al año, que se pagan con los recursos procedentes de las cotizaciones por contingencias comunes del 80% de los asalariados y de las contingencias profesionales del 95% de los trabajadores.
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_x000D_ La nueva normativa establecerá las condiciones en las que estas entidades deberán competir entre sí. Y fijará la fórmula para reasignar al año siguiente los excedentes. Las Mutuas demandan que una parte se pueda reinvertir en ellas mismas y en incentivos a sus clientes (empresas). El otro motivo es evitar las “numerosas” irregularidades que se han puesto de manifiesto, según explicó ayer la ministra, en varias sentencias del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Seguridad Social. Una de las cuestiones a acotar serán las retribuciones de sus presidentes y gerentes, incluidos complementos y otras gratificaciones.
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_x000D_ Junto a esta futura ley, Empleo prepara otra normativa para aumentar su poder de gestión con el fin de frenar el absentismo laboral, que según Báñez hace que cada trabajador pierda al año 11,4 días de trabajo, cifra muy superior a la de Finlandia (8,4 días), Dinamarca (7 días) o los 4,9 días de Estados Unidos.
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_x000D_ La ley facilitará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos “para que se haga más eficientemente, porque se quejan con razón”, explicó la ministra. El Ejecutivo tiene previsto iniciar la próxima semana consultas con los interlocutores sociales para el redactado definitivo del anteproyecto de ley que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo día 20 de diciembre, con el fin de que se tramite en el Parlamento durante el 1º semestre de 2014 y entre en vigor a mediados del próximo año.
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_x000D_ Lo que parece que el Ejecutivo no incluirá es la principal reivindicación de las Mutuas: que sus médicos puedan dar altas. “Eso parece imposible ahora mismo”, indican fuentes conocedoras. En compensación, Empleo podría incluir alguna fórmula que refuerce la gestión de estas bajas, permitiendo a las Mutuas que diseñen el control de los planes de confirmación, en función de la patología. O podrían obligar en mayor medida a los médicos de la sanidad pública a que se pronuncien sobre las propuestas de alta que les hagan los facultativos de las mutuas. Ahora opera el silencio administrativo y si el médico de cabecera no contesta, la propuesta se desestima.
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