_x000D_ La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de € de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.
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_x000D_ Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.
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_x000D_ Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.
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_x000D_ Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.
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_x000D_ En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas".
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_x000D_ Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (…) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (…) utilizar información privilegiada de las empresas; (…) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente".
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_x000D_ Para ampliar la información, pulsar en el siguiente link: http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-03-27/bruselas-investiga-100-millones-de-presuntas-ayudas-ilegales-del-estado-a-las-mutuas_107810/
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