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El Instituto Aragonés del Agua edita una guía para una correcta gestión del fibrocemento.

_x000D_ El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha editado un documento titulado 'Guía para una correcta gestión del fibrocemento', cuyo autor es el técnico en Prevención de Riesgos Laborales del IAA, Fernando de Benavides Añón.

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_x000D_ La guía se centra sobre todo en dar algunas ideas básicas sobre este material y en detallar las diferentes responsabilidades que hay ante él que "debe ser considerado como residuo peligroso", ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

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_x000D_ Al respecto, el documento precisa que el fibrocemento "está mucho más presente de lo que nos podemos imaginar" y, por ejemplo, los depósitos de agua y las redes de abastecimiento están hechas de fibrocemento.

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_x000D_ Este material está constituido básicamente por un cemento que se reforzaba con fibras para darle mayor capacidad mecánica. Cuando se fractura se liberan fibras de amianto que, por su poca densidad, quedan suspendidas en el aire y pueden penetrar a través de nuestro sistema respiratorio, han apuntado las mismas fuentes.

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_x000D_ El fibrocemento se utilizó en su momento porque las placas de fibrocemento, al añadirle amianto, resultaban impermeables, eran fáciles de cortar y de perforar, eran bastante estables químicamente, ligeras y de coste bajo.

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_x000D_ El Instituto Aragonés del Agua ha incidido en el carácter de residuo peligroso del fibrocemento. Esto supone que los titulares de la instalación, los ayuntamientos en el caso de los depósitos de agua y las redes de abastecimiento, "han de asegurar que a quienes encarguen proyectos o trabajos con fibrocemento demuestren la correcta gestión del mismo".

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_x000D_ Además, los proyectistas tienen la obligación de tener en cuenta la reglamentación existente y las empresas contratistas no pueden trabajar con fibrocemento, si no tienen la acreditación necesaria, y están obligadas a que las subcontratas se realicen a empresas autorizadas para trabajar con fibrocemento.

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_x000D_ En la guía, el Instituto Aragonés del Agua ha recalcado que la Constitución Española, en su artículo 40.2., hace un mandato explícito a los poderes públicos para velar por la seguridad y la higiene laboral por lo que todas las Administraciones públicas están especialmente obligadas en el campo de la prevención de riesgos laborales.

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_x000D_ Igualmente, el IAA ha indicado que la ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce la protección en el trabajo como un derecho de los trabajadores y por eso "no se puede mandar a un trabajador a realizar un trabajo sin haber sido evaluados sus riesgos y sin haberle informado de los mismos".
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