_x000D_ El gasto en prestaciones por incapacidad temporal (5.830 millones previstos en 2013) –que se destina fundamentalmente a pagar a los trabajadores las bajas laborales por enfermedad– lleva varios años bajo control. Con descensos interanuales incluso superiores al 10%. Sin embargo, el Gobierno quiere acotar este gasto, introduciendo cambios en la futura ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, en cierta forma, dará más poder a los facultativos de estas entidades a la hora de gestionar estos procesos de baja, según fuentes conocedoras de la intención del Gobierno.
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_x000D_ Se tratará de incluir “mejoras burocráticas”, que en ningún caso incluirán la principal demanda de las mutuas: que sus facultativos puedan dar el alta médica de los trabajadores en los procesos de baja por enfermedad común (en la actualidad solo pueden dictaminarla en las bajas por un accidente laboral o enfermedad profesional reconocida). Pese a que, según distintos responsables de las mutuas fue la propia Ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que prometió públicamente a estas entidades, ante la Junta Directiva de la patronal CEOE, que cambiaría la ley para permitirles dar todas las altas, esto ha quedado totalmente descartado.
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_x000D_ A cambio, la norma sí incluiría las citadas mejoras burocráticas. Uno de estos cambios podría no caer bien entre muchos facultativos del sistema público de salud, por cuanto les supondrá más trabajo y más responsabilidad sobre sus decisiones en materia de bajas laborales. Se está pensando en ampliar la rendición de cuentas por parte de los médicos de cabecera y especialistas del sistema público a la hora de rechazar las propuestas de alta que les hacen los facultativos de las mutuas. Ahora, si a un médico de cabecera o a un especialista de los servicios regionales de salud le llega de una mutua una propuesta de alta de un trabajador de baja por una enfermedad común, tienen 10 días para confirmar, denegar o guardar silencio sobre esa propuesta. Lo normal es que opere el silencio administrativo y si el médico de la sanidad pública no contesta, seguirá de baja. Esto es precisamente con lo que quieren acabar los responsables de la Seguridad Social: su intención es obligar a los facultativos del sistema público a considerar y justificar, en mayor medida, porqué rechazan la propuesta de alta de la mutua.
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_x000D_ No hay estadísticas oficiales, si bien se manejan datos que indican que las mutuas proponen más de 140.000 altas cada año y como mínimo hay cerca de un 60% que “se quedan en el cajón” y ni siquiera se evalúan, según fuentes de la gestión sanitaria. El Gobierno también podría estar estudiando acortar el plazo de 10 días en los que los médicos del sistema público deben contestar a las mutuas. También barajan, que la mutua pueda sustituir el actual parte de confirmación de bajas cada 7 días, por su propio calendario de partes de confirmación en función de cada dolencia.
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