_x000D_ El Gobierno achaca a la "falta de coordinación eficaz" entre administraciones públicas y a otras "deficiencias internas" las irregularidades en la gestión de la incapacidad temporal detectadas por el Tribunal de Cuentas, y exime de toda responsabilidad en este sentido tanto a los trabajadores como a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
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_x000D_ Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien preguntó por las medidas de control que se adoptarán para atajar la "gestión mala e ineficaz de los procesos de bajas e incapacidades por parte de las Mutuas", después de que el Tribunal de Cuentas publicara un informe en el que se cifra en 1.185 millones de € el gasto indebido que la Seguridad Social sufrió entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
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_x000D_ En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo afirma que "la Seguridad Social no hace responsables a los trabajadores de las deficiencias de control que podrían existir sobre los procesos de incapacidad", porque esa función no recae sobre ellos y porque el propio Tribunal de Cuentas se refiere "fundamentalmente al control informático de la información" como punto generador del problema.
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_x000D_ "Las deficiencias señaladas en el informe (del organismo cuestionan ni insinúan que la entidad gestora del proceso se haya abstenido de desarrollar sus funciones. Tampoco atribuye a los trabajadores la responsabilidad de aquellos procesos de duración excesiva", afirma el Ejecutivo, que subraya que de hecho son los trabajadores los que "soportan las consecuencias" de las deficiencias.
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_x000D_ A renglón seguido, recuerda que "en todo momento" se ha reconocido que las irregularidades se originan "principalmente por una falta de coordinación eficaz entre las administraciones públicas o por deficiencias en la gestión interna de las funciones sanitarias".
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_x000D_ Unos problemas que la Seguridad Social "pretende corregir" mediante el proyecto de ley de Mutuas y el decreto de incapacidad temporal, aprobado el pasado 18 de julio por el Consejo de Ministros, donde se introducen medidas que "elevarán los niveles de coordinación entre los agentes implicados y de transparencia y eficacia a favor de los ciudadanos".
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