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Los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía visitarán 3.400 centros de trabajo.

Sevilla, 14 de mayo de 2019. Fuente: www.rrhhpress.com

Los técnicos de prevención de riesgos laborales habilitados por la Junta de Andalucía visitarán a lo largo este año un total de 3.400 centros de trabajo en la comunidad autónoma para comprobar y vigilar el seguimiento de la normativa de PRL, en colaboración con la Inspección de Trabajo.

El plan de actuación para 2019 de este cuerpo de funcionarios de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Gobierno andaluz, aprobado por la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía, tiene previsto realizar alrededor de 6.800 visitas con el objetivo de reforzar la labor que desarrolla el cuerpo de inspectores de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, incrementando las actividades de control de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas.

Para ello, la labor de los 30 efectivos que componen este equipo se centrará en sectores de especial relevancia en Andalucía tanto por su volumen y proyección exterior como por sus tasas de siniestralidad laboral.

En concreto, va a comprender actividades como la metalurgia, la agricultura, la industria de la madera y el corcho, la fabricación de maquinaria, el almacenamiento y las actividades anexas al transporte o los servicios de alojamiento, entre otros. Además, este año se incluye una campaña específica de actuación en el sector de la construcción de edificios.

Las visitas se incrementan en torno al 42% para este año debido a la incorporación de 10 nuevos efectivos en el desarrollo de estas funciones comprobatorias.

En total se han determinado 16 sectores de actividad de las ocho provincias andaluzas, atendiendo a la desfavorable evolución que han experimentado en los últimos años en materia de siniestralidad laboral.

De esta manera, además de las actividades planificadas para el conjunto de la comunidad, el plan de actuación de los técnicos habilitados prevé una especial atención a determinadas actividades con gran presencia en las economías provinciales o con peculiaridades locales desde un punto de vista preventivo.

Durante este año también se llevaran a cabo cinco campañas especiales de actuación en empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, del sector de los compactos del cuarzo, en empresas de construcción de edificios, en aquellas que desarrollan actividades en sectores prioritarios de actuación en materia de enfermedades profesionales y en empresas que presenten declaración de enfermedad profesional de determinados grupos (las causadas por agentes carcinogénicos, agentes químicos, ruido, agentes biológicos, asbestosis, silicosis, etc.).

La labor de estos técnicos consiste en asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral, para lo cual visitan las empresas y, en caso de detectar alguna deficiencia, la ponen en conocimiento del empresario para que éste proceda a subsanarla en un plazo de tiempo establecido. En caso contrario, los técnicos informan a la Inspección de Trabajo para que esta actúe.

Las visitas se centran especialmente en las instalaciones y equipos de trabajo, las sustancias utilizadas, la aplicación de la normativa de seguridad y salud laboral en los ambientes de trabajo, la adecuación de los procedimientos de seguridad seguidos por las empresas, los equipos de protección, la práctica de reconocimientos médicos y el cumplimiento de la adaptación ergonómica en los puestos de trabajo.

En 2018 el personal técnico habilitado realizó un total de 4.646 visitas y emitió 70 propuestas de actas de infracción a la Inspección de Trabajo. De las 1.856 actuaciones cerradas el pasado año, se detectaron deficiencias en el 58,78% de los casos y un 93,6% de los centros de trabajo en los que se detectaron incumplimientos de la normativa procedió a subsanarlos.

Entre las deficiencias más habitualmente detectadas, destacan las relacionadas con las máquinas y equipos de trabajo, las instalaciones eléctricas y los dispositivos de protección contra incendios, además de las vinculadas a la señalización y la seguridad general de los edificios.

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