_x000D_ En un momento en que el Gobierno central mete presión al sistema sanitario para reducir el gasto, con medidas como el copago farmacéutico para los jubilados o el dejar sin asistencia a los inmigrantes sin papeles (el 1 de septiembre, la Xunta acaba de poner en marcha un programa específico para controlar las bajas laborales de todos los trabajadores gallegos, no solo de los empleados públicos, para perseguir el fraude y evitar la incorrecta utilización de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario y de la Seguridad Social. A partir de hoy entra en vigor la orden de la Consellería de Sanidade que refuerza el papel de las Unidades de Saúde Laboral como mecanismo para vigilar y comprobar que las incapacidades temporales se conceden correctamente y se detallan con precisión sus funciones y objetivos para que el programa de control sea efectivo y homogéneo en toda la comunidad autónoma.
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_x000D_ Esta actuación se ampara en la Ley de 2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que establece la colaboración de las CCAA con el Estado en la coordinación de las funciones "dirigidas a impedir o perseguir todas las formas de fraude, abuso, corrupción o desviación de las prestaciones o servicios sanitarios públicos" y que la consellería, como máxima responsable de la política sanitaria, es la encargada de la inspección y el control de las incapacidades laborales.
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_x000D_ En esa orden, Sanidade regula de forma específica la labor de los inspectores y subinspectores de las unidades de salud laboral centrado exclusivamente en el control de las bajas por incapacidad temporal. La Xunta sostiene que se trata de un medida para "mejorar la eficiencia" de los servicios de inspección y hacer que todos ellos funcionen de forma "homogénea" en las cuatro provincias, pero lo cierto es que va mucho más allá.
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_x000D_ Entre las funciones de los inspectores sanitarios de la Xunta figuran expresamente la facultad para personarse en el domicilio de los trabajadores de baja para comprobar su situación, entrevistarse con los médicos de Atención Primaria y revisar sus procesos de concesión de incapacidad temporal si encuentra tachas, requerir los informes pertinentes a los facultativos de Atención Primaria y a especialistas o revisar las bajas de los trabajadores a petición de la mutua aseguradora o de la empresas para la que trabaja. Además, podrán recompilar toda la información precisa para emitir un informe posterior sobre la persona de baja, lo que se interpreta como un seguimiento personal para comprobar que no hay engaño.También podrán citar al trabajador para valorar su estado, anular las bajas laborales o actuar como juez cuando haya discrepancias entre el informe de alta emitido por las mutuas y el informe firmado por los médicos de Atención Primaria. La Xunta ya dio instrucciones a los médicos para que fuesen más restrictivos a la hora de dar bajas y ahora se refuerza el papel de los inspectores.
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