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CEA, JUNTA DE ANDALUCÍA Y SINDICATOS FIRMAN EL ACUERDO POR LA CALIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y DE APOYO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

18 de julio 2018.

  • El Presidente de CEA ha pedido colocar en el centro del debate político a la empresa.

 

  • González de Lara aboga también por haya “más libertad, más seguridad jurídica y menos trabas burocráticas”.

 

EUROPA PRESS. La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presidido hoy la firma del Acuerdo por la Calidad y Estabilidad en el Empleo y de Apoyo a la Negociación Colectiva en Andalucía, firmado este miércoles por el Gobierno andaluz con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO-A, con vigencia hasta finales de 2019. Este documento en sus once ejes incluye iniciativas para el refuerzo y adecuación de las políticas activas de empleo; actuaciones y ayudas concretas para reducir el paro y fomentar la estabilidad en los contratos; programas de mejora de la salud laboral y la defensa de un nuevo modelo formativo, entre otras.

El acuerdo es fruto del diálogo social abierto en el mes de junio de 2017 a través de la Mesa por la Calidad y la Estabilidad en el Empleo. Este proceso supuso la formación de cuatro mesas técnicas de las que se obtuvieron 173 medidas que se desarrollarán hasta finales de 2019. El acuerdo ha sido firmado hoy por el Presidente de CEA, Javier González de Lara, el Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero; así como las secretarias generales de CCOO-A y UGT-A, Nuria López y Carmen Castilla.

Tras la firma del acuerdo han intervenido con una alocución las representantes sindicales, el Presidente de CEA y la Presidenta de la Junta de Andalucía. En su intervención, Javier González de Lara ha pedido colocar en el centro del debate político a la empresa, para la que ha pedido “más libertad, más seguridad jurídica y menos trabas burocráticas”. Así, ha señalado que CEA es “proactiva” para conseguir que “se cambien las cosas” teniendo en cuenta que “firmar un acuerdo siempre es mejor”. En este sentido, ha valorado positivamente el diálogo social en la Comunidad Autónoma Andaluza.

En cuanto a las medidas recogidas en el acuerdo suscrito hoy, la Junta de Andalucía destinará 542,44 millones de euros a reducir el desempleo, luchar contra la precariedad y proteger los derechos de los trabajadores. El bloque con mayor aportación presupuestaria, 339 millones de euros, es el dedicado a la “aprobación y el impulso de medidas de fomento del empleo estable y de calidad”.

En este apartado también se comprometen al desarrollo de planes de empleo en colaboración con los ayuntamientos, el desarrollo de prácticas no laborables y ayudas a la contratación de los jóvenes como el Bono Empleo. La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha algunas de las medidas incluidas en este bloque, como los incentivos a la contratación estable y el Bono Empleo.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.

El segundo capítulo con mayor dotación presupuestaria, 159,45 millones de euros, es el destinado a la “adecuación de las políticas activas de empleo para la mejora de la empleabilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral”. En este apartado, los agentes sociales y la Junta también se comprometen a reclamar al Gobierno central la revisión de los criterios de reparto de las políticas activas de empleo.

Otro eje importante del acuerdo, dotado con 35 millones de euros, es la puesta en marcha de un nuevo modelo formativo adaptado a las demandas del tejido productivo, especialmente en los sectores aeronáutico y naval en Andalucía, así como a los nuevos perfiles relacionados con los procesos de digitalización de la economía.

Con este objetivo se pondrá en marcha previamente y de manera conjunta con los agentes económicos y sociales, un sistema de detección de las necesidades formativas. También se instará al Gobierno central a que reforme el actual marco normativo de Formación Profesional para el Empleo.

Asimismo, la Consejería fortalecerá el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y mejorará su calidad, con una partida de seis millones de euros, dentro de la ejecución de un Sistema de Evaluación de las Políticas Activas de Empleo

PLAN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de un Plan de apoyo que refuerce la negociación colectiva andaluza (2018-2021), con 1,13 millones de euros de presupuesto. En este sentido, se ha convenido afianzar el diálogo y la concertación social para establecer acciones que generen empleo estable y de calidad, con especial hincapié en aquellos colectivos más desfavorecidos y castigados por la crisis económica.

Por otro lado, el pacto recoge que se instará al Gobierno central para que refuerce los medios materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía, dotándolos de un cuerpo de subinspectores de Seguridad y Salud Laboral suficiente y constituyendo Unidades de Seguridad y Salud Laboral en todas las provincias andaluzas, como instrumento necesario para la lucha contra la siniestralidad laboral.

Además, la Junta se ha comprometido a desarrollar un sistema de detección de enfermedades profesionales y su declaración en Andalucía para el conjunto de los sectores productivos, con atención particular al cáncer de origen laboral. Esta medida, que cuenta con una inversión de unos 300.000 euros, conllevará un plan de actuación y su adaptación a los cambios del mercado laboral.

Dentro de este mismo ámbito de la salud laboral, se realizará un análisis periódico de la siniestralidad laboral en todos los sectores, especialmente en la construcción y la agricultura, para la planificación de campañas específicas; se desarrollará anualmente el Plan Estratégico de Subvenciones del IAPRL; y se reforzará la figura del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Por último, se ha acordado impulsar en los procesos de contratación pública las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos se cumplan las condiciones sociales o laborales previstas en los convenios colectivos que resulten de aplicación, conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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