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El BOJA abre procedimiento para aumentar los técnicos de seguridad laboral.

Sevilla, 17 de diciembre de 2018. Fuente: www.noticiasde.es

La Junta de Andalucía va a ampliar hasta 30 efectivos el equipo de técnicos habilitados que colaboran con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia y control de las medidas de prevención de riesgos laborales. El BOJA ha publicado la apertura del procedimiento para habilitar a nuevos funcionarios que ejercerán labores técnicas de prevención de riesgos en el desempeño de funciones comprobatorias, tarea que desde el año 2007 desarrolla un equipo de especialistas habilitados de la Junta en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La administración autonómica refuerza así, con la incorporación de diez nuevos efectivos, este equipo encargado de la vigilancia y control de las condiciones de trabajo en las empresas andaluzas, conformado en la actualidad por 20 funcionarios de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, y que desde su puesta en marcha ha contribuido de manera clara a la mejora efectiva de las condiciones materiales de trabajo.

Desde sus inicios en 2007, el equipo de técnicos habilitados de la Junta ha realizado más de 55.000 visitas a centros de trabajo andaluces con el objetivo de verificar sus condiciones materiales de seguridad y salud laboral. Desde entonces se ha logrado mejorar la seguridad laboral de casi 25.000 centros de trabajo en los que los empresarios, atendiendo los requerimientos de los técnicos, han subsanado las deficiencias encontradas.

El refuerzo de este equipo de funcionarios permitirá ampliar la planificación estratégica para el año 2019, en el que se prevén alrededor de 6.800 visitas a empresas andaluzas para el seguimiento de la normativa de prevención de riesgos. Durante 2018, el equipo de técnicos habilitados de la Junta tiene previsto visitar un total de 2.400 empresas y más de 4.800 visitas con el objetivo de verificar sus condiciones materiales de seguridad y salud laboral, asegurando de esta manera el cumplimiento de la normativa. En caso de detectar alguna deficiencia, este equipo lo pone en conocimiento del empresario para que proceda a subsanarlo y, en caso contrario, informan a la Inspección de Trabajo.

La labor de este cuerpo de funcionarios se centra este año en sectores de especial relevancia en la comunidad tanto por su volumen y proyección exterior como por sus tasas de siniestralidad laboral, abarcando actividades como la metalurgia, la agricultura, la industria de la madera y el corcho, la fabricación de maquinaria, el almacenamiento y las actividades anexas al transporte o los servicios de alojamiento.

Además de las actividades planificadas para el conjunto de la comunidad, el plan de actuación de los técnicos habilitados prevé una especial atención a determinadas actividades con gran presencia en las economías provinciales o con peculiaridades locales desde un punto de vista preventivo. En este sentido, los técnicos centran sus tareas comprobatorias en las actividades de fabricación de mueble o la industria química en Almería; en la fabricación de bebidas y de material de transporte en Cádiz; el comercio al por menor y el mantenimiento y reparación de vehículos en Córdoba; o la industria textil y la fabricación de bebidas en Granada.

En provincias como Huelva, destacan sectores de actividad como la industria química o la fabricación de muebles, mientras que en Jaén se prestará una especial atención a la restauración y a los vehículos. Por su parte, en la provincia de Málaga la labor de los técnicos tendrá muy en cuenta la actividad en restaurantes, mientras que en Sevilla destacan la industria aeronáutica, la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables o la asistencia en establecimientos residenciales.

Durante este año también se han llevado a cabo cinco campañas especiales de actuación en empresas con riesgo de exposición laboral a amianto, del sector de los compactos del cuarzo, en máquinas y equipos de trabajo pertenecientes a empresas de los sectores alimentario y agroalimentario, en el sector del comercio al por mayor y grandes superficies, y en aquellas empresas que hayan presentado una declaración de enfermedad profesional de los grupos que se consideran prioritarios (las causadas por agentes carcinogénicos, ruido, asbestosis, silicosis, etc.).

Esta medida se recoge en el Plan de Actuación que se deriva de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, actual marco de planificación de la política en materia de seguridad y salud en el trabajo y control de la siniestralidad laboral, así como en los compromisos rubricados por la administración con los agentes económicos y sociales en el marco de la Mesa por la Calidad y Estabilidad en el Empleo.

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