Sevilla, 27 de febrero de 2023. Fuente: www.eldiario.es
El sector primario tiene una alta siniestralidad laboral: aunque tan solo el 5% de afiliados a la seguridad social pertenezcan al sector agrario, la agricultura ocupa el 4º puesto en número de accidentes por cada 100.000 trabajadores
Los trabajadores del sector primario realizan una de las ocupaciones más antiguas que conocemos, la agricultura y ganadería. Desde que el hombre comenzó a cultivar la tierra han sido muchos los cambios que ha sufrido esta profesión y, aunque recordemos que en aquel entonces también sufrían accidentes laborales y utilizaban equipos de protección, no fue hasta la Revolución Industrial, cuando los accidentes laborales crecieron desmesuradamente en estos trabajos.
Establecida en 1962, la Política Agrícola Común (PAC) es una de las políticas más antiguas y reconocidas de la Unión Europea (UE) y tiene como objetivo fomentar la producción agrícola, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la competitividad de la agricultura europea y proteger el medio ambiente.
La PAC se compone de dos pilares: el primero proporciona ayuda directa a los agricultores en forma de subsidios, mientras que el segundo pilar se centra en el desarrollo rural y la protección del medio ambiente. Además de los subsidios, la PAC también establece normas y regulaciones. La condicionalidad social de la PAC es una oportunidad para que el sector agrícola adopte una nueva cultura de la prevención de riesgos laborales.
Para asegurarse de cumplir con las exigencias de la PAC, los agricultores y empresas agrícolas deben conocer con detalle la normativa y los requisitos exigidos, y tomar medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. Esto puede incluir la contratación de servicios de prevención, la formación y capacitación de los trabajadores, y la implementación de medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.
En España, según la encuesta de Población Activa, la agricultura emplea a 752.200 trabajadores, y en 2022 experimentó un decremento de 86.900 empleados y una disminución del 9,6% en desempleo.
Aunque se han implementado medidas para minimizar los peligros en la empresa agrícola española, como ajustar los horarios de cosecha a los periodos más frescos del día, España, a diferencia de la UE, ha decidido anticipar en un año la condicionalidad social obligatoria de la Política Agrícola Común, tal como se especifica en su plan estratégico nacional. Por lo tanto, en España esta condición social será obligatoria a partir de 2024, mientras que en el resto de la UE será obligatorio en 2025.
El sector primario tiene una alta siniestralidad laboral, y, es que, aunque tan solo el 5% de afiliados a la seguridad social pertenezcan al sector agrario, la agricultura ocupa el 4º puesto en número de accidentes por cada 100.000 trabajadores. De esta forma, en el tercer trimestre de 2022 la incidencia se sitúa en 234 accidentados por cada 100.000 habitantes en jornadas de trabajo (-0.5% interanual) y en 34 para itinere, un aumento de un 3% en comparación con los datos de 2021. En torno al 13% de los accidentes de trabajo se producen en la agricultura, un dato bastante preocupante.
La alta siniestralidad y la gravedad de los accidentes se deben, principalmente, a factores como el uso de todo tipo de maquinaria, tanto pesada como ligera, el empleo de materiales peligrosos y la baja formación de una parte muy importante de los trabajadores. Sin embargo, el exceso de confianza en habilidades propias y la subestimación de los riesgos también son el origen de muchos accidentes. En este sentido, es importante destacar que las condiciones laborales no suelen ser iguales para los trabajadores nacionales y para los extranjeros.
La mayoría de los accidentes laborales en el sector primario se producen en Andalucía, Valencia, Extremadura y Murcia, regiones en las que el sector agrícola tiene más importancia. Sin embargo, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas los inmigrantes tienden a reportar menos en caso de accidente.
Las sanciones por incumplimiento de las normas laborales previstas por la PAC aumentarán en función del número de trabajadores afectados y la reincidencia, de acuerdo con la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT, siglas en inglés).
Las disminuciones serán en general del 3% del total de las subvenciones a las que la empresa tenga derecho en el año en cuestión, debido a la severidad, amplitud y duración de la infracción. No obstante, estas pueden ser más elevadas en casos de reincidencia o incluso alcanzar el 100% en casos de intencionalidad de las infracciones, incluyendo las relacionadas con los requisitos medioambientales.
Como exigencias de condicionalidad social – basadas en la actual legislación española laboral –figuran: la obligación de facilitar por escrito un contrato y las condiciones de trabajo, el deber del empresario de garantizar la seguridad de los empleados y de protegerlos, así como proporcionar servicios de prevención.
La información a los trabajadores sobre los riesgos para la seguridad y la salud de su labor, la ergonomía, las garantías de equipos de labor adecuados o la limitación del uso de equipaciones que entrañen riesgos específicos se reflejan ahora en la normativa de la PAC.
Por tanto, la condicionalidad social es una oportunidad para implantar una nueva cultura de la prevención; implica que los agricultores incluyan la seguridad laboral en su lista de prioridades. Esto significa que van a tener que conocer con más profundidad sus obligaciones hacia sus empleados y también hacia ellos mismos, al tratarse de la protección laboral.
La aplicación de la condicionalidad social no va a ser fácil, pero sí necesaria para avalar la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas que exportan alimentos españoles y, además, debería haber recogido alusiones al trabajo de los inmigrantes. Hay muchos agricultores que cumplen, la regulación es para que los que no lo hacen no quiten prestigio al sector. Las autoridades deben actuar contra quien hace las cosas mal, a los que cumplen con las legislación vigente, hay que facilitarles hacer una agricultura y ganadería rentables para poder seguir dando empleo de calidad y mantener el campo con vida.
Es necesario apostar por una formación continua a lo largo de la vida laboral, sin olvidar la investigación y difusión sobre prevención de riesgos laborales en la agricultura, a fin de potenciar la cultura preventiva, ante el proceso de mejora y modernización que se está afrontando. La capacitación y la formación profesional siguen muy por detrás los avances de la tecnología. Las normas son de difícil aplicación en un sector tan particular, donde se mezclan la empresa con la forma de vida, el trabajo y la familia.