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Tras las últimas reformas del Código Penal es exigible para las empresas disponer de programas de cumplimiento legal
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CEA DIFUNDE ENTRE LAS EMPRESAS ANDALUZAS LA CULTURA ÉTICA Y LA PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Tras las últimas reformas del Código Penal es exigible para las empresas disponer de programas de cumplimiento legal

La Confederación de Empresarios de Andalucía ha celebrado en su sede una jornada sobre “La prevención de la responsabilidad penal en el ámbito de las iniciativas empresariales y fomento de la cultura ética empresarial”, que se inscribe en el proyecto “Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo”, que desarrolla CEA en colaboración con la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

La jornada ha sido inaugurada por el secretario general de la organización empresarial andaluza, Antonio Carrillo Alcalá, y el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba. La primera ponencia presentada ha corrido a cargo de Miguel Toledo Murcia, socio del Grupo T&T y experto en formación y coach empresarial, que ha hablado sobre el “Programa de cumplimiento penal: prevención y capacidad de respuesta de las empresas”.

Asimismo, Carlos Saiz Díaz, socio de Gómez-Acebo & Pombo y fiscal en excedencia, presentó otra ponencia sobre “Cómo interpreta la responsabilidad penal de las personas jurídicas la fiscalía general del Estado y los tribunales de justicia”. Tras el panel de ponencias se celebró un coloquio con los asistentes.

La jornada se ha convocado con el objetivo de sensibilizar y difundir, entre los emprendedores, autónomos y empresarios, estas buenas prácticas de la prevención de la responsabilidad penal y facilitar así la implantación en el ámbito empresarial de los Programas de Cumplimiento Legal. Una exigencia legal a raíz de las últimas reformas del Código Penal Español operadas en 2010 y 2015, que han introducido de lleno en el ordenamiento jurídico español la responsabilidad penal de la persona jurídica que puede ser exigida, con independencia de que se haya podido identificar o individualizar a la persona física autora o ejecutora de las conductas presuntamente ilícitas.

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