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La compra pública innovadora
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LA CEA Y EL GRUPO CONSEA HAN PRESENTADO EL PRIMER INFORME SOBRE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA EN ANDALUCÍA

La compra pública innovadora, una gran oportunidad para la dinamización económica en la comunidad andaluza

• El informe analiza esta nueva forma de mecenazgo que redefine el papel de la Administración pública en el desarrollo de la iniciativa empresarial en cuanto a la innovación

•El documento realiza una completa radiografía sobre la situación de esta fórmula de financiación en la comunidad y define las áreas de oportunidad para su desarrollo futuro.

El vicepresidente de la CEA y presidente del Consejo Empresarial del Sector Industrial y Tecnológico de la Confederación, Julián Gómez Gotor, y el socio y director general de Grupo Consea, el profesor Francisco J. Fernández Romero, doctor en Derecho y experto en contratación pública y en organización de Administraciones Públicas, han presentado hoy en la CEA el Primer Informe sobre Compra Pública Innovadora en Andalucía.

El informe, que ha sido elaborado por el Grupo CONSEA y con la colaboración de la CEA, analiza las principales cuestiones que afectan a la innovación en el sector empresarial, la importancia que tiene para la Administración Pública y las oportunidades de mercado que esta figura contractual aporta en sectores como la sanidad, tecnología, infraestructuras, y servicios públicos esenciales. Dirigido y coordinado por el Profesor Francisco J. Fernández, socio del Grupo Consea, el informe analiza por primera vez la situación de la Compra Pública Innovadora tanto en Europa como en España.

Como explica el informe, Andalucía tiene ante sí un reto importante en la aplicación de la Compra Pública Innovadora, especialmente en sectores como salud, tecnologías, infraestructuras, atención a la dependencia y servicios públicos esenciales. Hasta ahora tenemos algunos ejemplos de éxito, entre los que destacan la construcción de la dársena del Puerto de Málaga y la innovación en tecnología robótica quirúrgica por parte del Hospital Reina Sofía y la Universidad de Córdoba. En el primer caso, se trata del primer proyecto de Compra Pública Innovadora en Andalucía aplicable al sector de las infraestructuras. En el segundo caso, el proyecto ha sido posible gracias a la captación de financiación por valor de 9,2 millones de euros por parte del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

Aunque, como explica el informe, Andalucía se unió al programa Innocompra para la adquisición pública de bienes y servicios innovadores en noviembre de 2011, “puede decirse que aún la figura de la Compra Pública Innovadora no está desarrollada como debiera en Andalucía”. Ello es así por la confluencia de varios factores: en primer lugar, el “desconocimiento de las características y requisitos de la figura por parte del sector privado”; en segundo lugar, por la “falta de decisión por parte de las Administraciones inversoras”; y en tercer lugar, por la “coordinación poco eficaz entre el sector privado y el sector público en la creación de sinergias de trabajo”.

El informe revela las principales áreas de oportunidad de la Compra Pública Innovadora en Andalucía, partiendo de la consideración de que, comparativamente, el peso del sector industrial en la comunidad es bajo, e inferior a la media nacional y europea. Asimismo, Andalucía presenta una importante “debilidad estructural” en relación con el menor peso relativo del sector privado. “En este contexto –explica el informe-, la CPI es un instrumento de gran importancia para estimular y contribuir al desarrollo de nuevos mercados y fortalecer la capacidad competitiva de las empresas en la región”.

Entre las áreas de oportunidad detectadas por el informe cabe señalar la elaboración de “Mapas de Demanda Temprana Pública” en materia de salud, educación e ingeniería de procesos; el aprovechamiento de “la capacidad tractora de las infraestructuras científico-tecnológicas para desarrollar procesos de compra pública innovadora en investigación médica y en gestión integral de servicios públicos”; o “la información cultural, la gestión de la transparencia o el “Big-data” en sanidad, educación y medio ambiente, entre otros.

Dentro del capítulo de conclusiones, el informe entra en consideraciones globales sobre el alcance de este instrumento, poniendo en valor su potencial como herramienta para organizar “una nueva forma” de gestión de los servicios públicos. “Los proyectos públicos necesitan colaboración privada en una economía global, y la Compra Pública Innovadora desarrolla y potencia un tejido empresarial capaz de llevar innovaciones al mercado siendo el cliente potencial el sector público”.

Por lo que respecta a Andalucía, el informe concluye que “se constata un claro impulso público de esta figura, especialmente por parte de la Consejería con competencias en innovación, sin embargo, aún quedan ámbitos competenciales como los de la salud, la atención a la dependencia o la innovación en gestión cultural que no han realizado una apuesta decidida por la figura”. “Ello, sin duda –continúa el informe-, está mermando de competitividad a Andalucía, especialmente en su posicionamiento en las líneas europeas de financiación, donde es fundamental acceder a proyectos innovadores mediante la creación de agrupaciones asociativas innovadoras o mediante consorcios europeos”.

“Andalucía tiene una gran oportunidad de desarrollo, incluso de redimensionar el papel de su Administración Pública hacia ámbitos comerciales y nuevos mercados (el de la compra pública, y colaboración público-privada en general) que justifiquen y avalen su estructura actual”, concluye el informe.

Compra Pública Innovadora
La Compra Pública Innovadora (CPI) es un mecanismo planteado por la Administración pública para impulsar la actividad innovadora llevada a cabo por el sector empresarial. La CPI se realiza a través de dos vertientes: la primera, mediante la creación e impulso de la demanda de soluciones innovadoras (“market pull”) por parte de los gestores públicos, a través de la licitación de los contratos de compra pública innovadora; la segunda, estimulando la generación de oferta (“technology push”) por parte de las empresas que compiten en los procesos de licitación, contribuyendo a la minoración
del riesgo tanto tecnológico como financiero.

Las sociedades avanzadas demandan nuevos servicios públicos, una mayor calidad de los existentes y un aprovechamiento óptimo y visible de los recursos económicos y tecnológicos de los que se dispone. El sector público de nuestro país no puede resultar ajeno a esta demanda, de modo que se enfrenta a nuevas perspectivas que necesitan de una respuesta firme y decidida de los poderes públicos. Esta respuesta debe materializarse en la modernización de algunos sectores y la inversión en I+D+i.

La Compra Pública Innovadora supone una respuesta óptima a la creciente demanda experimentada en torno a la mejora de los servicios al ciudadano y a un aprovechamiento de los recursos más eficiente. Se configura como un tipo de contratación aplicable a I+D+i que posibilita el desarrollo de nuevas aplicaciones o soluciones innovadoras aún en fase de investigación o que se encuentran fuera del alcance del comercio normalizado. Mediante la adopción de fórmulas que permitan desarrollar la CPI, el sector público puede contribuir a fortalecer el mercado de la I+D+i nacional, fomentando la competitividad empresarial e impulsando programas públicos de apoyo.

En España, la licitación pública representa el 13% del PIB, y el gasto público supera un tercio del total, lo cual no deja dudas sobre la necesidad de abogar por esta fórmula de patrocinio público por parte de las Administraciones. En un contexto, además, en el que se está defendiendo un cambio en el modelo productivo y una mayor potenciación de la actividad de I+D+i que hace necesario que las administraciones públicas lideren este cambio de modelo con solvencia económica.

A pesar de la flexibilidad que la legislación ofrece en materia de contratación pública, España aún no ha entrado de forma intensiva en este tipo adquisiciones, quizá por desconocimiento, por la inercia de procedimientos más tradicionales y conocidos o por la búsqueda de una mayor seguridad a través de fórmulas más recurrentes o comercialmente controladas. Sin embargo, si vemos el comportamiento que están siguiendo otros países y el creciente interés que la compra pública innovadora despierta en diversos foros económicos de referencia, parece evidente que la necesidad existe, y que los instrumentos para satisfacerla están a nuestro alcance.

Por todo ello, en el escenario económico actual, parece lógico concluir que la contratación pública de tecnología innovadora resultará vital para el impulso de la I+D+i empresarial. Sin embargo, es necesario definir, compartir y ejecutar los mecanismos adecuados que introduzcan esta figura de contratación en el marco público actual, y la hagan común al normal proceder de la generalidad de las Administraciones públicas.

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