El contexto económico mundial ha cambiado de manera importante en los últimos meses merced a las tensiones geopolíticas que se viven en Europa como consecuencia del conflicto bélico provocado por la invasión rusa de Ucrania. Esta situación ha venido a agravar el escenario económico como consecuencia de un incremento de los costes energéticos, por un lado, y por las restricciones a la producción por la falta de suministros esenciales para la industria, por otro.
La resultante de esta tormenta perfecta está siendo una persistente evolución alcista de los precios que afecta a toda Europa, pero de manera singular a nuestra economía. El incremento de los precios repercute lógicamente en las economías domésticas, pero igualmente en la propia capacidad productiva de las empresas que tienen que afrontar además de este aumento de los costes energéticos demandas de incrementos salariales referenciadas a la evolución inflacionista. Esta circunstancia va a constituir un elemento tensionador de la negociación colectiva, toda vez que la indexación de los salarios al factor precio afectaría muy negativamente a la capacidad competitiva de las empresas.
En este panorama de incertidumbres en cuanto a cómo vaya a evolucionar la inflación a lo largo de este año y no habiendo sido posible culminar un Acuerdo Social para la Negociación Colectiva (AENC o Acuerdo de rentas), se hace necesario abordar en la negociación colectiva la cuestión salarial desde parámetros exclusivamente empresariales y productivos, o dicho de otro modo, vincular los incrementos salariales en los convenios colectivos a variables e indicadores económicos cuantificables y medibles, pero siempre en atención a las circunstancias propias de cada empresa o sector, evitando la vinculación de los salarios a elementos tan volátiles como la inflación, lo que además retroalimenta el crecimiento de los salarios.